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El agua debe ser prioridad para los próximos gobiernos

El agua debe ser prioridad para los próximos gobiernos

El agua debe ser prioridad para los próximos gobiernos
POR: IMCO-STAFF

México vive su peor crisis hídrica en décadas.

Al cierre de febrero de 2024, 69% de la población mexicana padeció algún tipo de sequía. Esto amenaza no solo la disponibilidad, sino también la calidad del agua. Corregir el rumbo en materia hídrica será uno de los principales retos que enfrentarán las administraciones que resulten elegidas en junio.

Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha seguido la problemática del agua en nuestro país desde un enfoque de competitividad. En este sentido, el IMCO ha desarrollado una agenda mínima para abordar los principales desafíos que enfrenta México en materia hídrica. Al ser un ámbito donde la gestión se encuentra fragmentada entre los distintos niveles de gobierno, las propuestas se dividen entre aquellas que competen directamente a la Federación -tanto al poder ejecutivo como legislativo-, a las entidades federativas y a los municipios. A continuación se enlistan las propuestas concretas.

Federación

  • Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector agropecuario (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones), con el objetivo de contar con datos e indicadores que permitan una gestión más eficiente del agua en el país.
  • Desarrollar proyectos climáticos en el sector agropecuario, a través, por ejemplo, de la compra y venta de bonos de carbono o bien financiamientos climáticos como el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
  • Desarrollar un plan para el uso eficiente del agua a través de la CONAGUA para que los usuarios del sector agropecuario no rebasen su volumen autorizado. Se debe trabajar con los organismos locales y distritos de riego para implementar técnicas eficientes para el uso del agua, por ejemplo, el riego por goteo, por aspersión, el uso de reciclaje de aguas o la captación de aguas de lluvia. Asimismo, se deben utilizar técnicas de conservación de suelos para mejorar la retención y uso del agua de lluvia.
  • Evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país con criterios geofísicos en vez de geopolíticos.
  • Garantizar, mediante el presupuesto diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso de la Unión, recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos para desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable. Se requiere invertir en herramientas tecnológicas avanzadas que permitan recopilar, procesar y visualizar los datos de los recursos hídricos de forma permanentemente actualizada. Asimismo, se requieren profesionistas altamente calificados para diseñar, implementar y mantener seguro el sistema.
  • Ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea, de modo que se ajusten a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible. Las extracciones de fuentes subterráneas no deben superar los volúmenes de recarga, mientras que para las superficiales no deben superar el agua superficial renovable neta de los requerimientos ambientales. Asimismo, es necesario garantizar que las transferencias de los títulos de concesión solo se puedan llevar a cabo bajo la supervisión de la CONAGUA, con monitoreos de acceso público y concesiones transparentes a través de una política de datos abiertos.
  • Garantizar inspecciones y vigilancia por parte de la CONAGUA y la PROFEPA de modo que sean suficientes para los sistemas de aguas. Aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación. Esto abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.
  • Mejorar los sistemas de información tarifaria por parte de la CONAGUA. La Federación debe realizar anualmente la recolección de datos sobre tarifas, incluyendo metodologías y criterios considerados para su cálculo. Estos deben estar disponibles para la consulta pública.

Estatal

  • Fortalecer la planificación estatal del agua de modo que la recaudación tarifaria sea equitativa con el gasto, en coordinación con la CONAGUA y la SHCP. Esto permitiría una recaudación más equitativa, que financie adecuadamente los gastos y garantice el acceso equitativo y sostenible al agua para todos los ciudadanos.
  • Desarrollar una agenda de trabajo conjunta entre la CONAGUA, los Consejos de cuenca y los gobiernos locales en materia de recursos hídricos. La Federación y los Consejos de cuenca se deben coordinar con las entidades federativas y municipios con las que se encuentran relacionados para evaluar y asegurar que sus decisiones no afecten la disponibilidad de agua para otras entidades. Asimismo, deben coordinarse con los municipios y la Federación para comunicar desde sus localidades las deficiencias y necesidad de actualización de políticas mediante información periódica del uso y gestión del agua.

Municipal

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  • Invertir en modernización y conservación de infraestructura. México necesita mejorar su infraestructura hídrica para una gestión más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas.
  • Promover un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales, a través de la CONAGUA y los municipios, principalmente en el sector agropecuario. Las tendencias mundiales muestran que, para tener una mayor disponibilidad y calidad del agua, este volumen debe ser mayor.
  • Garantizar suficientes recursos financieros por parte de la Federación para los municipios para la correcta operación de los sistemas de aguas municipales. Sin municipios funcionales no habrán sistemas de aguas funcionales. Es necesario que los municipios cuenten con los incentivos políticos y los recursos financieros suficientes para desarrollar sistemas de aguas funcionales que tengan la capacidad de operar de forma eficiente y dar el mantenimiento necesario para la preservación de la infraestructura para cumplir con los estándares de calidad y seguridad. Esto no puede depender únicamente de las transferencias de otros niveles de gobierno, sino a partir del fortalecimiento de la capacidad de recaudación en el nivel municipal. Una reforma al impuesto predial es un paso clave para encaminar a los municipios en esta dirección.
  • Fortalecer a los municipios para mejorar los sistemas de cobro y de monitoreo por parte de los estados y la Federación. Es importante capacitar periódicamente al personal encargado de la administración y gestión del sistema de agua potable en los municipios, para que puedan comprender y aplicar de manera eficiente los diferentes mecanismos de cobro. Esto incluye la capacitación tanto en aspectos técnicos, financieros, así como legales.

Mejorar la gestión del agua requiere una agenda amplia, plural y multipartita que involucre a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores agropecuarios e industriales, la academia y las organizaciones no gubernamentales. Las acciones aquí planteadas proponen una ruta crítica para transitar hacia sistemas de aguas más eficientes y sostenibles, su implementación requiere no únicamente recursos financieros, sino también voluntad política a nivel federal, estatal y municipal, así como entre las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión. Solo así se podrá evitar que la crisis que padece México desde hace meses se repita en los próximos años.

 

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